“Sí, también hay contenido político pues esclarecer un crimen y más un crimen de estado además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
Encinas Rodríguez también respondió a quienes critican que este estudio se realizó sin rigor metodológico.
“Este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”, explicó.
La investigación requirió el concurso de instituciones y especialistas nacionales e internacionales, tanto de seguridad como defensores de los derechos humanos.
“Hay 13 fuentes de información básicas que es toda la información y documentación que nos han proporcionado la secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Procuraduría y Fiscalía del estado de Guerrero, la Procuraduría y Fiscalía General de la República, los informes que ha elaborado el GIEI, el centro GEO de Conacyt, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro”, dijo el funcionario.
