La polémica ley marcial cobra factura al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, pues a los llamados a destituirlo se suma una investigación por traición a la nación, lo que alcanza a ministros y allegados, por lo que su futuro político se divide entre el fin de su mandato y una sanción penal.
Ni derogar la decisión horas después le evitó la confrontación que prevalece por tercer día consecutivo en Seúl. La agencia regional Yonhap informó que la Policía (KNPA, por sus siglas en inglés) abrió un caso en contra del líder de 63 años por la decisión que la gente reprochó tras violar la Constitución.
Se detalló que en las últimas horas se recibieron al menos dos denuncias del partido minoritario Reconstrucción de Corea y un grupo de 59 activistas, éstas apuntan no sólo contra el líder sino el ahora exministro de Defensa Kim Yong-hyun —a quien le aceptó su renuncia—; el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su, y el ministro del Interior y Seguridad, Lee Sang-min, como cómplices de la orden emitida en plena madrugada y que generó controversia entre la oposición y la ciudadanía, pues más allá de las restricciones implementó una medida específica para casos de guerra o amenazas del exterior con miras a contener a sus críticos y censurar a medios, luego de múltiples jaloneos por mociones de críticos para tratar de destituir a integrantes del gobierno o fiscales involucrados en actos de corrupción.
Y a la espera de la votación para destituirlo, proceso que la disidencia prevé que se lleve a cabo la noche de mañana, aumentan sus problemas; escenario en el que resalta que la imputación penal se castiga con pena de muerte, de acuerdo con la ley local que ven en la alta traición uno de los máximos agravios.
Acusaciones que también son investigadas por otras áreas, como la Fiscalía y la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango, mismas que, según publicaciones de Yonhap, analizan si continúan en el radar o las transfieren a la Policía que ya tiene un expediente en su contra, justo cuando la Asamblea Nacional, a la que desafió Yoon Suk Yeol al desplegar a las tropas afuera en el recinto, aprobó mociones de cese contra el auditor estatal y tres fiscales superiores. Con lo que se prevé que en breve sean suspendidos de sus funciones.
Además, anoche se reportó otra movilización masiva afuera del Parlamento para exigir la destitución del presidente tras su fallido intento de implementar la ley marcial.
Miles de ciudadanos lanzaron consignas en su contra y portaron pancartas en las que demandaban a las autoridades el arresto inmediato del político al que ya tachan de “traidor” por tratar de hacer valer una ley que no se había usado desde finales de la década de los 70 y ante el rechazo cada vez mayor en su contra, se reportó que hasta su partido analiza respaldar la destitución al considerar que es un peligro para el país.
