WASHINGTON.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez de San Francisco quien prohibió derogar el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
La orden sin precedentes de la Corte de Distrito requiere que el gobierno aplique indefinidamente una violación en marcha de la ley federal”, argumentó ante el máximo tribunal el abogado general de la nación, Noel Francisco, en la apelación presentada la noche del jueves.
Aunque DACA fue autorizado por el entonces presidente Barack Obama en 2012, Francisco señaló que la violación está siendo cometida por “casi 700 mil extranjeros”, quienes además reciben “beneficios afirmativos” como protección contra la deportación y permisos laborales.
El Departamento de Justicia había presentado el martes una moción similar ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Desafía la ley y el sentido común que el DACA, un programa políticamente discrecional que fue implementado unilateralmente (…) que de alguna manera sea obligatorio en todo el país por una sola corte distrital de San Francisco”, sostuvo el procurador de Justicia, Jeff Sessions.
En fecha reciente, un juez federal en San Francisco prohibió a la administración del presidente Trump revocar el DACA, que protege de la deportación a unos 690 mil jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, la mayoría mexicanos.
El juez William Alsup, de la Corte Federal para el Distrito Norte de California, emitió la prohibición de revocación de DACA al aceptar una petición de California y otros demandantes para evitar que Trump termine el programa, mientras sus demandas son consideradas en la Corte.
DACA fue creado por una orden ejecutiva del entonce presidente Obama en noviembre de 2012 para permitir que aquellos que llegaron en forma indocumentada a este país cuando eran niños, pudieran permanecer en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo por dos años, renovables, si cumplían ciertos requisitos.
El fallo de Alsup, de carácter temporal, sólo permitió la vigencia de DACA para los “dreamers” que ya fueron beneficiarios, pero no para nuevos solicitantes.
En septiembre pasado, la administración Trump puso fin al programa, al argumentar que representaba una extralimitación inconstitucional del poder ejecutivo y le dio al Congreso hasta marzo de 2018 para encontrar una solución.
La secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen, confirmó al Senado que su agencia empezó a aceptar solicitudes de beneficiarios interesados en renovar sus beneficios.
Asimismo, señaló que los “dreamers” no son prioridades para detención o deportación por parte del DHS, aunque reconoció que no se ha reunido con ningún beneficiario de DACA.
