Por primera vez en la apertura de un periodo ordinario de sesiones, el pleno del Senado fue notificado del número inédito de ocho requerimientos judiciales, seis de los cuales son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), referentes a las acciones de inconstitucionalidad concedidas por el pleno, y dos son ordenamientos de juzgados administrativos de la Ciudad de México.
Sin embargo, en el listado no está ninguno de los requerimientos judiciales que se han enviado al Senado relacionados con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), propiciados por la negativa de Morena a proceder al nombramiento de los comisionados, y que implican el descuento de la dieta de los senadores.
El pleno del Senado fue notificado que la SCJN concedió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Nacional de Registro de Detenciones.
En los dos siguientes periodos ordinarios de sesiones, contados a partir de la fecha de notificación de estos puntos resolutivos, legisle para establecer en la Ley Nacional del Registro de Detenciones la regulación del personal que será responsable de atender los hechos que pongan en riesgo o vulneren la base de datos, las facultades que tendrá el personal para atenderán las amenazas o vulneraciones a la información.
TE RECOMENDAMOS: Xóchitl Gálvez pedirá licencia al Senado en noviembre para ir por la Presidencia
(Regulará) las medidas que deberán desplegarse frente a los supuestos de riesgo y vulneración de la base de datos que, como previsiones mínimas, dicha ley debe contener, con fundamento en el artículo transitorio cuarto, fracción IV, numeral 7, del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, en los términos precisados en el apartado VII de este fallo”, dice la resolución de la Corte.
También recibió la notificación oficial de la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social; del llamado plan B, en los dos paquetes de reformas en que fue dividido, por lo que su aplicación es nula.
De igual forma, la invalidez de la Ley de Contratación de Publicidad y disposiciones que fueron impugnadas desde 2021, referentes al uso de datos personales sensibles en materia de pago del IVA, contenidas en el Código Fiscal Federal, entre otras.
Los senadores deberán hacer los cambios necesarios al marco jurídico nacional para que se ajusten a los criterios de constitucionalidad.
SE DESBORDA LA AGENDA DE NOMBRAMIENTOS
El Ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Sistema Público de Radiodifusión enviaron al Senado 18 propuestas para concretar 10 nombramientos, con lo cual la agenda de pendientes del Senado crece desde el primer día.
El Ejecutivo federal mandó tres ternas para las vacantes en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como la petición de tres ratificaciones de embajadores; la Corte envió la terna para elegir a un integrante de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Sistema Público de Radiodifusión le solicita la ratificación de tres de los integrantes de su consejo consultivo.
Así, queda en 216 el número de nombramientos que tiene pendientes el Senado para desahogarlos en este último año de la LXV Legislatura, pues, aunque no lo incluye de manera oficial en sus registros, existen 72 vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que debe procesar el Senado, pero que no han podido concretarse, porque dentro de Morena no hay acuerdo sobre los nombres enviados por el Presidente de la República.
El 18 de junio, cuando la Consejería de la Judicatura de Presidencia envió a la Mesa Directiva la propuesta de nombramiento de 71 de las 72 vacantes, Excélsior informó que entre ellos están el fiscal general de Justicia Militar, general brigadier Miguel Carrasco; el sexto visitador de la CNDH, Armando Hernández, y seis empleados de Gobernación.
Además está la gerente de Enlace con Instituciones Revisoras en la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (Pemex), Magali Irais Mendoza, que a decir de algunos senadores de Morena es hija de la consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, aunque, salvo una denuncia que presentaron en conjunto, no hay evidencia pública de ese parentesco.
