SCJN no logra invalidar ‘superpoderes’ de Guadalupe Taddei, titular del INE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró invalidar el poder que le otorgó la Cámara de Diputados a la titular del INE para designar sin intervención del Consejo General a las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y de las Unidades Técnicas.

En la sesión del Pleno de este martes, la mayoría de seis ministros votaron a favor del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que iba por invalidar las reformas de octubre pasado a los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos (LGIPE), impugnados en acciones de inconstitucionalidad presentadas por Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no lograron reunir la mayoría calificada de ocho votos.

Lo anterior, luego de que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Jazmin Esquivel Mossa votaron en contra.

Asimismo, por falta de votos, no se logró invalidar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que permite el “autofinanciamiento” de los candidatos a jueces, magistrados y ministros para su campaña rumbo a la elección judicial del próximo 1 de junio.

Rebolledo plantea este proyecto

El proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo planteaba declarar inválido el artículo 522, fracción I, de la citada norma, impugnado en acciones de inconstitucionalidad por Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no alcanzó la mayoría calificada requerida de ocho votos por el rechazo de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

El precepto impugnado señala que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.

Por la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, sólo seis ministros dieron la razón al PRI y MC, que acusaron que dicha reforma establece un escenario inequitativo para los candidatos, al depender del poder adquisitivo o recursos propios con los que cuente cada uno para hacer campaña.