Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos adoptará los pelotones de fusilamiento como un método de ejecución permitido, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intenta intensificar y agilizar los casos de pena de muerte, informaron ayer funcionarios.
“Se readopta el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte” explicó la dependencia en un comunicado.
“Estas medidas (de pena de muerte) son fundamentales para disuadir la comisión de delitos más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y proporcionar un cierre largamente esperado a los seres queridos de las víctimas”, detalló .
El fiscal general interino, Todd Blanche, acusó al ex presidente demócrata Joe Biden de desproteger a sus ciudadanos al negarse a aplicar la pena capital contra los criminales más peligrosos.
“Biden incumplió su deber de proteger al pueblo estadunidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, así como asesinos de niños y de policías”, sentenció el comunicado. El Departamento de Justicia, durante la administración pasada, exhortó “al entonces presidente Biden a dejar sin reos el corredor de la muerte federal conmutando las sentencias de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena máxima” y apuntó que la decisión no tomó en cuenta la posición de las familias de las víctimas y se centró en la oposición personal del entonces fiscal general Merrick Garland a la pena capital.
El pelotón de fusilamiento se utiliza solamente en Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah, pero el gobierno federal también puede solicitar tal tipo de ejecución para ciertos delitos.
Blanche agregó: “el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas”.
Entre las medidas que tomó la dependencia a fin de “mejorar la seguridad pública y brindar justicia a los agraviados de los crímenes, está la publicación del informe sobre la restauración y el fortalecimiento de la pena de muerte federal que concluye que el uso de pentobarbital para ejecutar sentencias de muerte es compatible con la Octava Enmienda.
Además, pidió examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal o construir un centro de ejecución adicional para permitir otras formas de cumplir la sentencias.
El comunicado indica que para reducir los tiempos de los procesos en casos de pena capital, “el departamento planea una norma que faculte a los estados a agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital” y, “de adoptarse, esta norma reduciría en años el periodo entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales”.
En tanto, el papa León XIV condenó la pena capital por segundo día consecutivo y pidió su abolición en Estados Unidos justo después del anuncio de la administración Trump.
“El derecho a la vida es el fundamento mismo de todos los demás derechos humanos”, afirmó el pontífice de nacionalidad estadunidense-peruana. “Por esta razón, sólo cuando una sociedad salvaguarda la santidad de la vida humana podrá florecer y prosperar”.
