Tras la suspensión del Plan B que determinó el ministro Javier Laynez Potisek, el Ejecutivo federal anunció que impugnará la admisión de la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la suspensión del decreto por el que se hicieron diversas reformas en materia electoral.
La Consejería Jurídica dio a conocer un análisis en el que rechazó que el Plan B ponga “en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso”, por lo que acusó que la determinación del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se trata de una resolución injustificada e innecesaria”.
Argumentó que “no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite”.
Indicó que a este hecho se suma el que el ministro decidió suspender la totalidad del Plan B, cuando el INE no hizo esa petición, sino que sólo impugnó las normas que considera que afectan su operatividad.
