La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, presentó las reformas a dos leyes secundarias para crear un sistema interconectado a nivel nacional, que permita actuar de manera más oportuna en la búsqueda de personas desaparecidas.
Los cambios anunciados el lunes pasado modificarán la Ley General de Población y la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Las reformas incluyen la creación de la Plataforma Única de Identidad, donde la CURP se convertirá en un mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real.
Esta plataforma integrará la CURP de todos los mexicanos y extranjeros domiciliados en el país, reconociéndola como identificación oficial. Además, el INE deberá permitir su consulta para tareas de investigación del Gabinete de Seguridad.
El sistema interconectado reunirá información de fiscalías, comisiones de búsqueda, Servicios Médicos Forenses (Cemefos), el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), cementerios, crematorios y cualquier autoridad con bases de datos biométricos o identificativos. También incluirá información de los tres niveles de gobierno.
En un plazo de 180 días, se creará la base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas, la cual registrará denuncias de inmediato, sin esperar 72 horas. Las cifras de este registro se reportarán mensualmente a la Secretaría de Seguridad.
El Banco Nacional de Datos Forenses, en desarrollo, deberá recibir información de las fiscalías locales, que estarán obligadas a vincular sus bases en tiempo real. Además, contendrá registros mortem y postmortem, alertas Amber y otros mecanismos.
Se impondrán obligaciones y sanciones a servidores públicos que no generen, actualicen o compartan información cuando se les requiera. Asimismo, los privados deberán generar y compartir datos útiles para la búsqueda de personas, con apego a la Ley de Datos Personales.
Las fiscalías deberán contar con unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data, delitos cibernéticos y atención a víctimas. Estos puestos deberán ser ocupados por personal con perfiles mínimos y obligatorios.
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