El destituido presidente peruano Pedro Castillo, preso acusado de rebelión, solicitó a un tribunal de apelaciones su libertad y rechazó haber cometido delitos cuando intentó dar un autogolpe de estado el 7 de diciembre.
Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión”, dijo Castillo, durante una audiencia virtual.
La defensa de Castillo pide que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que el expresidente cumple en una prisión de una base policial en Lima. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lidera el juez César San Martín, debe resolver la solicitud este miércoles.
Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañanas”, agregó el exmandatario.
El expresidente lucía un bigote crecido y estaba acompañado de su abogado.
Castillo, un maestro rural y líder sindical izquierdista, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.
El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.
Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
La policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La caída de Castillo desató violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó hace una semana avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
