Miles de manifestantes protestaron el martes en las principales ciudades de Colombia contra las reformas impulsadas por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que enfrentan dificultades para hacerse realidad en un Congreso sin mayoría oficialista.
Vestidos de blanco y ondeando banderas del país sudamericano (con los colores amarillo, azul y rojo), las movilizaciones se tomaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales regionales en rechazo a los proyectos del gobierno para fortalecer el papel de Estado en el sistema laboral, de pensiones y salud.
Según un reporte de la policía, unas 92 mil personas protestaron en todo el país también para oponerse a la llamada política de “Paz Total” con la que el gobierno pretende desarmar las organizaciones ilegales a cambio de beneficios penales, entre otras reformas que no cuentan con los votos suficientes en el Legislativo.
Petro “ha improvisado mucho y en vez de querer mejorar lo que funciona, quiere acabar con todo lo que había y resulta que así no se logran las cosas, hay muchas cosas por mejorar, pero hay muchas cosas buenas que no se deben acabar”, dijo Gloria Huertas, de 59 años, en medio de una manifestación de unas 30 mil personas en el centro de la capital colombiana.
El gobierno arrancó su mandato en agosto de 2022 con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales que le garantizaban un amplio respaldo en el Congreso. Pero varios escándalos por presuntos abusos de poder e investigaciones en curso sobre la posible entrada de dineros ilícitos durante la campaña presidencial han derrumbado la coalición y sus reformas naufragan en la primera legislatura, que termina este martes.
“Ahora hay unas marchas contra el Gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas (…) Esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran”, declaró Petro durante la ceremonia de ascenso del nuevo director de la policía, el general William Salamanca.
Con silbidos, cánticos y gritos de “¡Fuera Petro!” las marchas se desarrollaron pacíficamente. En paralelo, los congresistas debatían en la última jornada y contra el tiempo la legalización de la comercialización de la marihuana con fines recreativos, las reformas laboral, electoral, política, entre otros proyectos.
“Le decimos al Presidente Petro que no juegue con nuestra salud, que no juegue con nuestras pensiones, que no destruya el país”, reclamó Nicolás de Francisco, de 31 años, en la central Plaza de Bolívar de Bogotá, aledaña al Congreso.
Por falta de quórum la reforma laboral quedó en la cuerda floja en la Cámara Baja. El proyecto del gobierno aspira a reducir la jornada laboral, ordenar el pago de horas extras, endurecer las condiciones para los despidos, entre otros beneficios para los trabajadores.
“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, escribió Petro en Twitter.
El primer mandatario de izquierda en la historia del país enfrenta además uno de los peores escándalos políticos de su gobierno, bajo investigación por un caso de escuchas ilegales y presunta corrupción en la financiación de su campaña presidencial. Al autodenominado “gobierno del cambio” le llueven críticas, señalado de acudir a viejas prácticas políticas.
Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, la aprobación a su gestión pasó de 50% en noviembre a 34% en mayo. La autodenominada “Marcha de la mayoría” fue convocada por la oposición y expolicías y exmilitares en retiro. Un hombre de camuflado ondeaba una bandera junto a la estatua del prócer independentista Simón Bolívar en Bogotá.
Muy popular por su combate contra las guerrillas en medio del prolongado conflicto interno, la fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política. Pero la llegada al poder de un opositor de izquierda y exrebelde cambió la situación. Petro, un exguerrillero que se levantó en armas en los setenta contra el Estado y que luego firmó la paz en 1990, cuenta con el apoyo de un sector de las reservas que apoya sus propuestas de reducir el presupuesto militar, aplicar una política de ascensos basada en méritos y separar a la policía del ministerio de Defensa.
