Es necesario limitar el uso y cobro de grúa en sucesos de tránsito: Natalia Rivera

• No deberán hacer uso de la grúa, si fuiste multado y llegas antes que la grúa

• Con las modificaciones a la Ley de Tránsito en Sonora, las grúas deberán usarse solo en situaciones graves.

Hermosillo, Sonora.- Ante el excesivo uso y cobro de las grúas que retiran vehículos que fueron multados en la vía pública por estacionarse en zona prohibida, la diputada local Natalia Rivera propuso que, si el dueño del vehículo llega antes que la grúa, se cancele este servicio y se aplique únicamente la multa como corresponde.

La iniciativa de Ley deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Tránsito en el Estado de Sonora, en la que precisa que las grúas solo podrán ser utilizadas para situaciones graves, indicó la legisladora de Movimiento Ciudadano.

“Es importante entender que las leyes deben de estar pensadas para solucionar y facilitar la vida de los ciudadanos. No para complicarla más, siempre en estricto apego a la Ley, por ello, en esta propuesta se clasifican como situaciones graves:

a) Estacionamientos para personas con discapacidad o embarazadas.
b) Lugares donde se encuentren hidrantes.
c) Salidas de emergencia.
d) Cocheras en servicio.
e) Espacios que obstruyen el tráfico, la visibilidad de otros conductores o el libre tránsito de personas en zonas de alta afluencia peatonal.
f) Situaciones que representen un peligro para la seguridad vial.

Natalia Rivera dijo que en las jornadas con la ciudadanía que ha realizado en estos dos años de trabajo legislativo, expresan la pérdida de confianza en las autoridades de tránsito, sus quejas sobre injusticias, falta de criterio de los agentes y maltrato de las unidades por parte de las empresas remolcadoras.

En junio del 2023, el Ayuntamiento de Hermosillo informó la decisión de absorber los costos de arrastre de las grúas, evitando así cobrar 850 pesos al conductor por el remolque de su unidad, además de la multa cercana a los 600 pesos.

“Y aunque es de reconocerse el impacto positivo de la decisión, no debe perderse de vista que existen casos de conductores que obstaculizan espacios prioritarios para ciudadanos con necesidades especiales o espacios habilitados en caso de emergencias, por lo tanto, no deberían ser beneficiados con esta exención de pago, al tratarse de situaciones que ponen en riesgo a terceros”, dijo Rivera Grijalva.

Con independencia de lo anterior, la molestia a los conductores persiste derivado de las disposiciones de la actual Ley de Tránsito del Estado de Sonora, por ello, se propone limitar el uso de las grúas a situaciones graves y de riesgo para la seguridad vial, y establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos impedir que sus vehículos sean retirados por las grúas en caso de que lleguen antes de que se retire su vehículo, con independencia de que la grúa se encuentre presente o en trayecto hacia la zona de remolque, continuó.

Se propone contar con un registro público de servicios de remolque que permita la transparencia en el uso de las grúas por parte de la autoridad municipal, así como una supervisión estricta de las asignaciones de contratos a las empresas remolcadoras, establecer un procedimiento de queja y reclamación en relación con el uso de las grúas, en los reglamentos municipales

Natalia Rivera explicó que se contemplan sanciones para la empresa y los conductores de las grúas, en caso de que incurran en abusos durante la prestación de sus servicios, así como daños y desperfectos a la unidad que transportan.

Precisó que la derogación no implica la eliminación de las multas por estacionarse en zonas prohibidas, sino que permite estructurar un nuevo esquema en el que se distinguen los casos en los que el vehículo debe ser remolcado de aquellos en los que el ciudadano puede retirar su unidad de manera voluntaria.

Esta propuesta de reforma legislativa tiene como objetivo mejorar la confianza de los ciudadanos en las autoridades de tránsito y las empresas de grúas, a través de la regulación del uso de las mismas y el establecimiento de mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos.