La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó que aquellos candidatos en la elección judicial que han resultado cuestionables por sus vínculos criminales u otros argumentos deberían ser descalificados de la contienda; sin embargo, expuso que quien tiene la última palabra en esta situación es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Antier, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que algunos de los aspirantes que aparecerán en las boletas el próximo 1 de junio tienen vínculos con el crimen organizado.
Tras la afirmación del senador, la mandataria federal señaló que finalmente son perfiles que ya están en las boletas que la ciudadanía recibirá el día de los comicios, pero bajo su perspectiva, se podría dictar alguna medida precautoria o descalificarlos, no sin antes contar con todas las pruebas para la decisión que se tome.
“Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, puede ser presentada, desde mi particular punto de vista, y veremos, tiene que decidir el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse todas las pruebas”, dijo.
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Recordó que la decisión en esta materia la debe tomar el TEPJF. “¿Quién tendría que definirlo? Pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, dijo.
La Razón publicó a mediados de marzo la advertencia que ya lanzaban organizaciones civiles, como Defensorxs, sobre algunas candidaturas que fungieron como protectores de narcos o que son señaladas en delitos como desapariciones.
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Se trata de perfiles identificados a partir de denuncias ciudadanas y un monitoreo de antecedentes, por medio del cual se hallaron inconsistencias y pendientes legales que no fueron advertidos por los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión y cuya única misión era seleccionar a los mejores perfiles y garantizar su idoneidad para la conformación de un mejor Poder Judicial para el país.
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Entre los candidatos se encuentra el abogado Fernando Escamilla Villarreal, que fue defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, líder y fundador de Los Zetas, y que contiende para ser juez de Distrito del cuarto Circuito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal. La revisión de su expediente corrió a cargo del Comité del Ejecutivo Federal, encabezado por el exministro Arturo Zaldívar.
Otro candidato cuestionado es el exsubdirector del Sistema Penitenciario de Sonora, Andrés Montoya, a quien supuestamente se le relaciona con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, quien se habría reunido con el ahora candidato a magistrado en 2005, hecho tras el cual jamás se ha vuelto a saber de su paradero.
Jesús Humberto Padilla es otro candidato señalado luego de que en 2023 fue detenido en posesión de cristal y armas de fuego. Su aspiración fue validada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y ahora busca ser juez penal.
Advierte la Jufed entrega de la justicia al crimen
| Por Tania Gómez
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su condena y preocupación ante las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial (PJ) se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado.
“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que Jufed ha advertido desde el inicio: la reforma judicial es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, señaló.
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Advirtió que la pretendida “elección popular” de juzgadores no es un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación que abre la puerta a intereses políticos, económicos y ahora criminales: “Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”.
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Recordó que la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, secundó su denuncia, y advirtió: “la independencia judicial es pilar del Estado de derecho y no puede estar sujeta a elecciones controladas por poderes políticos”.
También refirió lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “una elección judicial sin garantías de imparcialidad y méritos es una regresión democrática”.
El entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó: “A los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el Poder Judicial de México si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular”.
Estas declaraciones se suman al coro de voces nacionales e internacionales que han advertido sobre el grave riesgo de entregar la justicia a intereses ajenos, dijo.
