El dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, celebró que el gobierno mexicano haya ratificado el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referido a la salud y seguridad en las minas, ya que, “es un paso importante” para obligar a los empresarios de esa industria –una de las más riesgosas del mundo– a invertir para evitar tragedias como la ocurrida en Pasta de Conchos.
En entrevista, recordó que desde noviembre de 2018, como senador de Morena, planteó ante el pleno de esa Cámara la necesidad de que se adoptara ese convenio internacional que garantiza la seguridad y la vida de los trabajadores mineros, encabezó los trabajos en comisiones para lograrlo y finalmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo ratificó ante la OIT el pasado viernes.
A través del Convenio 176, recalcó, tanto el Estado mexicano como los empresarios, se comprometen a garantizar que los mineros mexicanos puedan desarrollar sus labores en entornos seguros, dignos y libres de riesgos de siniestros, muchas veces mortales. “Es una obligación prácticamente constitucional, recalcó, porque los instrumentos internacionales signados por el país adquieren rango a nivel de la Carta Magna”.
El diputado de Morena con licencia Gómez Urrutia recalcó que hubo presiones de las empresas, sobre todo de los grandes consorcios, para que no se ratificara el convenio, porque los obliga a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los riesgos, garantizar la explotación segura del mineral de que se trate y un medio ambiente de trabajo sano.
“Ello implica que deberán erogar recursos tanto en equipos de seguridad como en instalaciones adecuadas y, salvo algunas excepciones, las corporaciones, como es el caso de Grupo México, sólo están dispuestas a invertir para obtener mayores ganancias, sin tomar en cuenta que los trabajadores son los que les permiten extraer riqueza del subsuelo”.
Sin embargo, ahora tendrán que hacerlo y “por lo que toca al Sindicato Minero, que me honro en presidir, estaremos muy pendientes de que ese Convenio 176 de la OIT, por el que esperamos ocho años, se cumpla y en caso de accidentes se lleven a cabo las investigaciones jurídicas a fin de conocer las verdaderas causas de lo que en realidad son siniestros provocados por la negligencia de los directivos empresariales”.
Recordó que en México han habido diversos accidentes, uno de ellos fue la explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, localizada en San Juan Sabinas, Coahuila, el 19 de febrero de 2006. “Ocurrió por las pésimas condiciones de seguridad en que debían laborar los trabajadores, pese a las denuncias constantes del Sindicato Minero, que tanto Grupo México, de Germán Larrea, como las autoridades laborales del gobierno de Felipe Calderón ignoraron”.
A consecuencia de ello, recalcó, 65 mineros murieron y 63 de ellos quedaron sepultados en la mina casi dos décadas, porque la empresa suspendió el rescate pocos días después del accidente para que no saliera a la luz su responsabilidad en la tragedia.
El diputado Gómez Urrutia comparó ese caso con otro similar ocurrido en mayo de 1992 en la mina Westray, también de carbón, ubicada en Nueva Escocia, en la Costa Oeste de Canadá, donde 26 trabajadores perdieron la vida a consecuencia de una explosión que sobrevino por fallas y negligencia de la empresa que ignoró las muchas advertencias sindicales sobre los niveles peligrosos de gas y polvo de carbón.
El sindicato de los Steel United Workers luchó durante varios años hasta que logró una ley que penaliza la negligencia criminal de las empresas. “El lema fue: si tú matas a un trabajador, tú vas a la cárcel y con esa legislación disminuyeron muchísimo los accidentes, porque los empresarios ya no pudieron actuar con impunidad”.
En México, agregó, no se ha llegado a ello, que sería lo ideal, “pero por lo pronto ya tenemos el marco regulatorio de la OIT que obliga al Estado mexicano a una mayor vigilancia e inspección de las condiciones de seguridad en las minas”.
