El colectivo Casa Tecmilco señaló que hasta el momento las autoridades de Morelos no han informado sobre la detención de los responsables materiales ni intelectuales del crimen.
El colectivo afirmó que el atentado se da en el contexto de sus constantes denuncias públicas “contra diversas mafias y actos de corrupción” vinculados a servicios básicos y desarrollos inmobiliarios en la capital morelense, acciones por las que acumuló el rechazo político y empresarial en la entidad.
El trabajo de Gabriel Rivas abarcó más de cuatro décadas de activismo social e inserción política en el estado, detalló la organización.
En sus inicios, agregó, destacó como dirigente obrero en el sindicalismo de la planta Nissan, encabezó demandas comunitarias en la colonia Flores Magón y zonas conurbadas.
Además, militó en agrupaciones de izquierda como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y Punto Crítico, antes de incorporarse al PRD, fuerza política con la que logró ser diputado local de 1997 a 2000.
Participó activamente en la resistencia civil contra la construcción de un complejo comercial en los predios del Casino de la Selva, movilización durante la cual fue detenido por el gobierno del entonces gobernador panista Sergio Estrada Cajigal y se le consideró preso político.
Impulsó la creación de la Asociación Cívica Morelense –bautizada más tarde con el nombre de Gustavo Salgado, en homenaje al activista asesinado del Frente Popular Revolucionario– organización que se consolidó como una de las principales redes de gestión popular contra el alza al impuesto predial y en defensa de tarifas sociales para agua potable, energía eléctrica y transporte público.
En el ámbito regional, Rivas Ríos mantuvo alianzas y acompañamiento del pueblo de Amilcingo en la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), los movimientos de búsqueda de personas desaparecidas y diversos litigios territoriales.
Las personas que compartieron labores con el regidor recordaron su perfil austero y discreto en el ejercicio público, combinando la vía electoral con la movilización de base.
Organizaciones sociales y activistas locales manifestaron que la obligación del gobierno de Morelos es identificar a los involucrados y llevar ante los tribunales a los autores del homicidio.
El homicidio de Gabriel Rivas ocurre en un contexto crítico de seguridad en el estado, donde han sido recurrentes los actos de violencia contra estudiantes, mujeres y defensores de derechos humanos, así como por la presencia de fosas clandestinas y los crímenes sin resolver de activistas, entre ellos los de Gustavo Salgado y Samir Flores Soberanes, opositor al PIM.
Colectivos ciudadanos reiteraron el llamado a la gobernadora de Morelos, Margarita Saravia, para que implemente medidas urgentes de protección e investigación que frenen la impunidad en el estado.
