Frente al avance del crimen organizado, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la creación de una ley para que la vigilancia del espacio aéreo mexicano esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los legisladores avalaron, en lo general y lo particular, y sin modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que fue considerada por la oposición como un acto para “militarizar hasta el cielo”.
Con el proyecto, que recibió en lo general 263 votos a favor, 26 en contra de Movimiento Ciudadano y 195 abstenciones de PAN, PRI y PRD y en lo particular 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones, se otorga a la Sedena el control del espacio aéreo mexicano y la regulación de las operaciones que ocurren en el mismo, para “aprovechar” su capacidad estratégica en tiempos de paz y “disuadir amenazas que vulneren la seguridad nacional”.
Para sostener su propuesta, el titular del Ejecutivo federal afirmó que el crimen organizado utiliza la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo nacional para cometer actos ilícitos, “aprovechando vacíos jurídicos o administrativos”.
Aunque en el dictamen reconoció que las autoridades mexicanas ya tienen facultades para actuar ante estos escenarios, resaltó que el marco jurídico vigente dificulta la aplicación de sanciones a tripulantes y propietarios de aeronaves.
Por ello, sugirió que el Estado mexicano tenga dominio pleno de los cielos mexicanos, mediante facultades para distintas dependencias.
Para esto se creará el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, para desempeñar diversas funciones.
El mandatario argumentó que el avance de la ciencia ha multiplicado los retos de seguridad de las naciones, por lo que estimó necesario contar con instrumentos “efectivos de control y vigilancia que eviten, resistan o sancionen actos que pongan en peligro la integridad de las personas, infraestructura y bienes” que atentan contra la seguridad de la nación.
