A 6 años del 19-S, sigue la revisión de escuelas; Quinto Informe de Gobierno
Seis años después de los sismos de 2017, que dejaron estragos en entidades del centro y sur del país, la evaluación a escuelas para conocer la magnitud de los daños continúa.
De enero a junio de este año no se autorizaron recursos en el componente educativo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), indica el Quinto Informe de Gobierno, entregado al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, aclara que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa realizaron visitas conjuntas a diversos planteles, “con objeto de verificar si cuentan con daños derivados de los sismos de 2017 y 2018 o por falta de mantenimiento a los mismos”.
En 2022, se autorizaron 203.8 millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de planteles escolares públicos de los niveles básico, medio superior y superior afectados. No obstante, aunque en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 se prevén 371.1 millones de pesos para el PNR, no hay recursos etiquetados para el rubro educativo.
Inversión
El gobierno federal ha destinado recursos para atender los daños por los sismos de 2017.
203.8 MDP se dedicaron a la rehabilitación de escuelas en 2022.
2,000 subsidios para la reconstrucción de casas se otorgaron entre septiembre de 2022 y junio de 2023.
A seis años del 19-S, aún revisan daños en escuelas
Mientras autoridades verifican todavía si hay planteles afectados por los sismos de 2017 y 2018, en la primera mitad de 2023 no se asignaron recursos para la reconstrucción en este rubro y para 2024 ni siquiera hay una partida etiquetada.
A seis años de los sismos de 2017 que afectaron a varios estados del país, principalmente en el sur y centro, el gobierno federal continúa evaluando escuelas para saber la magnitud de los daños.
El Quinto Informe de Gobierno señala que de enero a junio de este año no se autorizaron recursos en el componente educativo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).
No obstante, aclara, “se realizaron visitas conjuntas entre la Sedatu y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa a diversos planteles educativos, con objeto de verificar si cuentan con daños derivados de los sismos de 2017 y 2018 o por falta de mantenimiento a los mismos”, indica el documento entregado al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre.
Además, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 se consideran 371.1 millones de pesos para el PNR, pero nada de ese dinero está etiquetado para el rubro educativo. De esa cifra, 203.7 mdp son para obras en Cultura; 148.8 mdp a Salud y 18.5 corresponden a la Sedatu.
El PNR, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ejecutado por medio de las secretarías de Cultura, Educación Pública, Salud y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), fue puesto en marcha a partir de 2019 con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas y comunidades que fueron afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 y febrero de 2018.
En su componente educativo, tiene como objetivo atender, con acciones de reconstrucción y rehabilitación, la infraestructura física de los planteles escolares públicos de los niveles básico, medio superior y superior afectados para que la población escolar pueda ocuparlos en condiciones de calidad y seguridad.
De acuerdo con el Quinto Informe, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se autorizaron para este fin 203.8 millones de pesos, con lo cual se atendió la reconstrucción de 75 planteles educativos en 51 municipios de siete entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Y PARA VIVIENDA…
Lejos de concluir la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos, en el último año también han continuado la entrega de apoyos para este fin.
Por medio de la Conavi, entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 se otorgaron dos mil subsidios para la reconstrucción de casas con una inversión de 572.7 millones de pesos. De esos, 92.1% de los subsidios fueron destinados a reconstrucción total; 5.7% a reconstrucción parcial, 1.4% a vivienda edificada con sistemas constructivos tradicionales y 0.8% para rehabilitación de vivienda con valor patrimonial.
La distribución geográfica de la entrega de subsidios abarcó 100 municipios y fue la siguiente: 39.1% en Oaxaca, 32.5% en Chiapas, 23.8% en Puebla, 4.3% en Morelos y 0.3% en las entidades federativas de Edomex, Guerrero y CDMX.
La cobertura fue de 57% en municipios con población indígena dispersa, 24% con población indígena, 18.3% con población con presencia indígena y 0.7% sin población indígena. “Asimismo, del total de subsidios otorgados 46.4% fueron para personas beneficiarias que residen en municipios con alto y muy alto grado de marginación”, señala el Quinto Informe.
Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2023 se otorgaron 65 mil 789 subsidios para reconstrucción de viviendas, con lo que se atendieron a 236 mil 840 personas. Del total de subsidios 71.3% se destinaron a atender vivienda con daño total, 27.2% con daño parcial y 1.5% otras modalidades, acciones representan una inversión de diez mil 456.4 millones de pesos.
EN SALUD
Al atender afectaciones a la infraestructura médica y hospitalaria del sector público, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) transfirió 82.3 millones de pesos a la Secretaría de Salud para continuar y concluir los trabajos y procesos administrativos de las acciones contratadas en 2021.
“De los recursos transferidos se ejercieron 42.8 millones de pesos para la terminación de cinco acciones y el servicio de supervisión, se concluyó por obra nueva el centro de salud Acapetlahuaya, en Guerrero y, los centros de salud La Gloria y Mapastepec, en Chiapas; así como la rehabilitación de los auditorios del Hospital General de México y del Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México”, agrega el Informe.
Además, el Insabi rehabilitó el centro de salud San Miguelito, en Guerrero; así como las sustituciones del centro de salud en Ixtlilco El Grande, Morelos y del centro de salud de Huehuetlán el Chico, Puebla, con una inversión de 20.9 millones de pesos.
“Para el ejercicio fiscal 2023 se asignó un presupuesto de 277.8 millones de pesos para realizar seis acciones en Oaxaca, dos en Puebla y dos en la Ciudad de México”, agregó.
A 6 años, afectados viven en escombros
CUERNAVACA.— El sismo del 19 de septiembre de 2017, fue una desgracia para muchos ciudadanos, pero para algunos políticos una oportunidad de enriquecerse y quedar impunes, desviando los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas.
Las auditorías han registrado posibles desfalcos por mil 893.8 millones de pesos en obras inexistentes, de menor calidad, inoperables, recursos que no se entregaron o no se justificaron y se desconoce el destino de 743 millones de pesos.
El operador del programa Unidos por Morelos, Alexis Ayala Gutiérrez, sigue impune, ninguna de las denuncias en su contra ha prosperado; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción decidió congelarlas, porque desde el Congreso es protegido por el diputado Agustín Alonso, con quien trabaja como asesor y es su padrino de bautismo.
Hace seis años, en 2017, Morelos registró el fallecimiento de 74 personas y el daño en más de 23 mil casas en los 33 municipios; los 10 más afectados fueron Tepalcingo, Tetela del Volcán, Jojutla, Axochiapan, Ayala, Puente de Ixtla, Ocuituco, Tepoztlán, Zacatepec y Cuernavaca.
El dato
Sin vivienda
Pese a que Morelos recibió más de 15 mil millones de pesos para su reconstrucción, seis años después, decenas de familias viven en los escombros.
Actualmente, en la zona cero del sismo, la colonia Emiliano Zapata, de Jojutla, un aproximado de 30 viviendas siguen sin reconstruirse, algunos por no tener certeza jurídica en sus predios, otros por que los daños parciales no fueron atendidos y otros migraron luego del desastre, pero dejaron sus viviendas colapsadas.
Aun cuando Morelos recibió más de 15 mil millones de pesos para su reconstrucción, seis años después del sismo de 2017, decenas de familias viven en los escombros, la burocracia y la corrupción les impiden acceder a una vivienda.
