Grupos de trabajadores migrantes del campo han determinado solicitar el retorno a sus lugares de origen, pero tienen miedo de salir de sus hogares, en Estados Unidos, por la creciente violencia que se presenta en los centros de detención.
El Frente Amplio de Mexicanos y Migrantes en Estados Unidos, conformado principalmente por agricultores de frutos, hortalizas y flores, provenientes de estados como Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Jalisco, manifestó que “no hay retorno digno a nuestra tierra, el aumento en la violencia es fuerte y muchos ya queremos regresar a nuestro país, a nuestra tierra, pero por más que digan, no hay retorno digno, ni cuando te entregas”.
María Elena Valdivia, del Frente Migrante de Agricultores en Florida, señaló que recientemente “se expuso la solicitud de alrededor de 90 familias de agricultores guerrerenses asiladas en Estados Unidos que, aun con un estatus migratorio legal, preferirían regresar a su país, pero no dan el primer paso por la violencia que ejercen las autoridades estadounidenses en contra de los migrantes”.
La activista recordó que una gran mayoría de los trabajadores del campo expulsados de México en la última década lo hicieron por la situación del agro, en donde faltan insumos, a lo que se adhiere el problema de la inseguridad generalizada, provocada por la operación de grupos delictivos.
Ahora, dijo, muchos de esos mexicanos que viven en Estados Unidos tienen miedo de salir a trabajar debido a las redadas. Y muchos, “a pesar de tener papeles en regla, desean volver a sus comunidades, pero enfrentan los mismos factores de violencia, inseguridad y abandono institucional que los obligaron a migrar. Esto, como lo han dicho otros defensores, es una radiografía clara de lo que impide el retorno digno”.
La abogada migrante Janeth Arellano Bucio señaló que algunos de los agricultores que en un tiempo buscaron defenderse en cortes estadounidenses, pero que ahora han manifestado su deseo de regresar a nuestro país, han sido sometidos a torturas y confesiones de crímenes o delitos que no han cometido, y están enfrentando en Estados Unidos la violencia de la que salieron huyendo de sus comunidades de origen.
90 familias guerrerenses en EU preferirían volver a México
Mencionó que a varios migrantes que cuentan con estatus legal los tienen retenidos en cárceles por varios días antes de ser deportados, y nadie quiere vivir un proceso así para regresar a su país, pues implica un desgaste en todo sentido.
Laura Guzmán, asesora legal de La Victoria Foundation, explicó que las personas que perdieron el permiso de trabajo que habían obtenido mediante la aplicación CBP One, ahora “pueden pedir uno nuevo, si demuestran que han comenzado una solicitud de asilo”. Y explicó que lo que tienen que hacer es ir a la oficina de servicios sociales y demostrar que están en ese proceso.
A pesar de lo anterior, señaló que la Organización Internacional de Refugiados ha alertado sobre el hecho de que los migrantes en esta situación siguen en riesgo de ser deportados, lo que genera temor entre las comunidades, en especial las de origen hispano.
Victoria Foundation recomendó a los migrantes en proceso de asilo que, si son arrestados, aseguren que temen volver a sus países de origen por conflictos sociales y porque está en peligro su vida.
Migrantes colombianos son escaneados mientras hacen fila para abordar un vuelo de repatriación en el Aeropuerto Albrook Gelabert de la Ciudad de Panamá, el pasado martes. Foto›AP
Sin embargo, Laura Guzmán dijo que estas realidades que muchos paisanos viven o han vivido en sus países no son garantía de que reciban el asilo por parte de Estados Unidos, sino que pueden ser deportados con violencia, como ha ocurrido en las últimas semanas, donde las situaciones de agresión se han incrementado.
Luis, quien no quiso revelar sus apellidos por seguridad, dijo que, a pesar de contar con un permiso de trabajo para el cultivo de manzana y toronja, ha vivido en carne propia la forma en que las autoridades policiales estadounidenses se han llevado a muchos de sus compañeros, en Florida. Hablando con su esposa, quien se encuentra en México, contempló la posibilidad de emprender su regreso al país, pero “hasta que pase esta pesadilla”.
Aseguró que, de no poder seguir en Estados Unidos, ni regresar dignamente a México, iniciará su proceso para refugiarse en Canadá, pues la situación actual del estado de donde es oriundo —Guerrero— no le parece que le permita trabajar la tierra, que es a lo que siempre se ha dedicado.
Por el momento, afirmó, “todas las mañanas despierto pidiendo a Dios que hoy no sea el día en que me toque a mí, como a muchos compañeros que se los han llevado, y algunos de los cuales llevan días en la cárcel”.
El gobierno de Estados Unidos planea cobrar casi mil dólares por día a inmigrantes que incumplan intencionalmente con una orden de deportación, según una regla que hace parte de la iniciativa de la política migratoria de la Casa Blanca.
La norma establece una multa de hasta 998 dólares por día a extranjeros que incumplan intencionalmente una orden de deportación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció esta nueva norma en conjunto con el Departamento de Justicia (DOJ) que hace parte de la estrategia para presionar a los inmigrantes sin estatus legal a abandonar el país.
Además, aquellos que intenten ingresar o ingresen ilegalmente al país podrían enfrentar sanciones económicas de entre 100 a 500 dólares. La nueva regla también pretende hacer cambios en las notificaciones que se deben enviar a los inmigrantes avisando sobre las multas.
Actualmente, el Gobierno debe alertar a quienes se encuentran en EE.UU. sin documentos 30 días antes de comenzar a imponer los cobros, la iniciativa eliminará este plazo.
Suman 252 mexicanos en EU detenidos en redadas
› Por Claudia Arellano
La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México no tiene conocimiento sobre las supuestas detenciones de connacionales indocumentados en Estados Unidos por personas encapuchadas.
A pregunta expresa sobre el tema, la mandataria respondió: “No tenemos conocimiento”, y en seguida detalló que, hasta ayer, 252 migrantes mexicanos han sido detenidos por autoridades estadounidenses durante las redadas.
“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que está en nuestras manos; vamos a hacer todo para proteger a nuestros hermanos migrantes. Los consulados tienen una instrucción y es apoyar, hacer todo lo que está en sus manos para apoyar y proteger a los migrantes”, reiteró.
Agregó que ya se generaron nuevas instrucciones para hacer una audiencia pública a la semana para escuchar y saber lo que está ocurriendo y poder tomar medidas. “Se mejoraron todos los procedimientos, porque era una burocracia tremenda”, dijo.
Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró que habrá más acciones en la frontera, como seguir con la construcción del muro fronterizo, impuestos a remesas y el fortalecimiento del ICE, Claudia Sheinbaum dijo que “es algo que ha dicho muchas veces” y descartó que sea una respuesta a la defensa que ella hizo a México, al decir que “no somos piñata de nadie”.
Adicionalmente, la Presidenta presentó un par de videos realizados por connacionales mexicanos, en los que defienden su estancia en Estados Unidos. Los paisanos, a través de sus testimonios, hicieron saber que gracias al trabajo de los migrantes se han construido grandes ciudades en el vecino del norte.
Ante la posibilidad de que se promueva una ley en California para que quienes realicen redadas se identifiquen y muestren el rostro, Sheinbaum Pardo dijo que solicitará que se investigue todo lo relacionado con las denuncias sobre abusos en detenciones y que, en su caso, se haga la denuncia si existe algo ilegal.
Además, la jefa del Ejecutivo federal insistió en que se ha reforzado la asistencia consular, y dejó claro que, si los migrantes solicitan más apoyo, no se va a escatimar en respaldarlos.
Respecto al anuncio sobre la construcción de una cárcel que estará rodeada de caimanes en el estado de Florida, exclusiva para la detención de extranjeros sin documentos, la Presidenta Claudia Sheinbaum opinó que “los migrantes no son criminales” y remarcó que si no los necesitaran, no estarían trabajando ahí.
Enfatizó: “Ya han reconocido que se va a caer la producción en el campo, en los servicios. No es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, es un asunto de reconocimiento; nos toca defender a todos los migrantes que apoyan a sus familias y que hacen funcionar su economía y pagan impuestos”.
Dijo, además, que se queda con las palabras que pronunció recientemente Ronald D. Johnson, embajador de Estados Unidos en México: “Somos familia”.
En días pasados, la Fiscalía General de Florida, Estados Unidos, confirmó la construcción de una nueva prisión en el estado, que será exclusiva para migrantes, la cual tendrá una particularidad: estará rodeada de miles de reptiles, para evitar que los detenidos escapen.
El lugar ha sido denominado como el “Alcatraz de los caimanes” y será construido en donde actualmente hay un viejo aeródromo, en el corazón natural de Florida. En un principio, tendrá tiendas de campaña y camas para al menos mil migrantes, aunque con el paso del tiempo el número podría aumentar.
Ken truena contra Bondi por acusar a México
› Por Claudia Arellano
El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que se trata de una “falta de respeto” las recientes declaraciones de la fiscal General estadounidense, Pam Bondi, en las que incluye a México en la lista de enemigos de su país, junto con Irán.
“Somos socios y somos familia, es una falta de respeto hacia la relación histórica que ha sido, sí de dolor, pero ha sido en un futuro que estamos unidos como familia”, expresó en Phoenix durante la Comisión Sonora-Arizona.
El diplomático, que radicó en México durante su cargo como representante de EU en nuestro país, señaló, a pregunta expresa de si considera que hay un mensaje de odio por parte de funcionarios estadounidenses con México con este tipo de declaraciones, que “se tiene que ver a largo plazo y se tiene que ver con la integración de América del Norte”.
El exembajador opinó lo anterior luego de que Pam Bondi responsabilizó a México por el ingreso masivo de fentanilo a Estados Unidos e incluyó al país en la lista de enemigos de su nación, en la que también se encuentran Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Irán, Rusia y China, por mencionar algunos.
Corte da luz verde a Trump para negar ciudadanía por nacimiento
› Redacción
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales, al dar luz verde para poner fin, en la práctica, a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
La decisión significa que la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, al asumir su segundo mandato, que negaría la ciudadanía a niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal, por asilo o visas, entrará en vigor dentro de 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.
Sin embargo, no se sabe si la decisión de la Corte podría producir un confuso mosaico de reglas que podrían diferir en los 22 estados que demandaron por la orden de Trump y el resto del país.
En su fallo, tomado con seis votos contra tres, por una mayoría conservadora, dictaminó que los jueces federales carecen de la autoridad para emitir órdenes judiciales que paralicen temporalmente la implementación de una política de alcance nacional, pero la decisión dejó sin aclarar si las restricciones sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, al no abordar la constitucionalidad de la medida.
Sin embargo, la Corte dejó intacta la posibilidad de que los demandantes obtengan una reparación amplia mediante demandas colectivas, o en caso de que fuera necesario para hacer frente a sus perjuicios. El alto tribunal también señaló que el plan del presidente de poner fin, en la práctica, a la ciudadanía por nacimiento podría nunca ser implementado.
Las órdenes judiciales de alcance nacional, o universales, surgieron como un control importante sobre los esfuerzos del presidente republicano para expandir el Poder Ejecutivo y rehacer el gobierno, y han sido una fuente de creciente frustración para él y sus aliados.
Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el fallo del máximo tribunal, escrito por la jueza Amy Coney Barrett. La aplicación de la política no puede llevarse a cabo durante otros 30 días, escribió la impartidora de justicia.
La Corte coincidió con el gobierno de Trump, así como con la administración de Joe Biden, en que los jueces se exceden al emitir órdenes que se aplican a todos, y no sólo a las partes ante el tribunal. Hasta ahora han emitido más de 40 de esas órdenes desde que Trump asumió el cargo en enero para un segundo mandato.
El gobierno ha presentado apelaciones de emergencia ante los jueces de muchas de esas órdenes, incluidas las que se refieren a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La Corte rara vez escucha argumentos y emite decisiones importantes en su expediente de emergencia, pero lo hizo en este caso.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el Poder Ejecutivo. Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”, escribió la jueza Barrett.
En discrepancia, la jueza liberal Sonia Sotomayor escribió: “La mayoría ignora por completo si la orden ejecutiva del presidente es constitucional, centrándose únicamente en la cuestión de si los tribunales federales tienen la autoridad equitativa para emitir mandatos judiciales universales. Sin embargo, la patente ilegalidad de la orden revela la gravedad del error de la mayoría y subraya por qué la equidad respalda los mandatos judiciales universales como remedios adecuados en este tipo de casos”.
Añadió que la orden ejecutiva es obviamente inconstitucional. Por tanto, en lugar de defenderla en cuanto al fondo, escribió, el Departamento de Justicia “solicita a esta Corte que declare que, independientemente de lo ilegal que sea una ley o política, los tribunales nunca pueden simplemente ordenar al Ejecutivo que deje de aplicarla contra nadie. La manipulación de esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla. Sin embargo, vergonzosamente, este tribunal le sigue el juego”.
Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente dijo que la decisión fue “increíble” y una “victoria monumental para la Constitución”, la separación de poderes y el Estado de derecho.
“Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a escala nacional (…) Tenemos tantas”, declaró.
“Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto indirectamente duramente afectado”, dijo en su plataforma Truth Social.
A su vez, la fiscal general, Pamela Bondi, dijo que “los estadounidenses finalmente están recibiendo lo que votaron. No tendremos más jueces descarriados anulando las políticas del presidente Trump en todo el país. Ya no más. Los juzgados no tienen la jurisdicción para emitir esas medidas cautelares nacionales”.
Según la directiva, a más de 150 mil recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes e embarazadas.
Unos 255 mil bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.
Activista ve “el apartheid más grande de la historia”
› Por Claudia Arellano
Rigoberto Castorena, abogado migrante radicado en Atlanta, señaló que al fallo de la Corte de Estados Unidos, que permite negar la nacionalidad a hijos de indocumentados, representa “una crimigración y el apartheid migratorio más grande de la historia; es un acto violento, que va contra derecho y que intenta desintegrar una comunidad que desde siempre funcionó gracias a las migraciones”.
En entrevista con La Razón añadió que la resolución “es una ofensa a niños, padres y al esfuerzo de miles de salir de sus contextos de violencia con base a su trabajo, porque eso es lo que son los migrantes personas que trabajan”.
El radicado en EU desde hace 30 años y con hijos nacidos en ese país, dijo que el contexto refleja una lógica de apartheid simbólico en el que “quienes no comparten ciertos valores ideológicos o culturales son excluidos de manera definitiva, bajo la excusa de la seguridad nacional”.
Bajo esta lógica, dijo, las redes sociales se convierten en herramientas de vigilancia masiva, permitiendo que cualquier comentario crítico, imagen compartida o interacción digital, sea usada como pretexto para negar la permanencia en el país.
El litigante recordó que la implementación de esta política estaba programada para iniciar desde el 19 de febrero, pero ha enfrentado múltiples desafíos legales “y una centena de pronunciamientos por parte de los activistas que nos negamos a que esto ocurra, es una locura”.
Elvira Arellano, activista migrante en Chicago, consideró que el fallo representa “otro revés para la comunidad migrante”, producto de la presión y represión que ha ejercido el presidente Donald Trump en todos los sectores de la sociedad, para ir en contra de los migrantes.
“El caso de la resolución de hoy (ayer) se deriva de la orden que dio el presidente Trump de eliminar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados; ahora, por parte de los migrantes, se teme que las políticas restrictivas pongan en riesgo este derecho fundamental”, dijo.
